Adiós al ‘puerta a puerta’ de los comerciales de gas y electricidad

Un Real decreto prohíbe que las compañías empleen esta práctica para captar nuevos clientes

Adiós al ‘puerta a puerta’ de los comerciales de gas y electricidad. Esta práctica, para muchos considerada una técnica «agresiva» de ventas, ha pasado a la historia. Y lo hace dejando tras de sí «un alto número de reclamaciones» por los consumidores, en muchos casos personas mayores vulnerables, que se sentían perjudicadas por el producto que contrataban en la puerta de casa, a veces sin tener conocimiento de ello.

La Comisión Europea alertó sobre los riesgos de esta práctica y en España el Gobierno recogió el guante. El pasado 6 de octubre entró en vigor un Real Decreto-Ley que prohibe a las eléctricas llevar a cabo contratos con los consumidores a través de este método, también denominado ‘puerta fría’.

La normativa establece que las compañías de luz y gas no podrán realizar publicidad no solicitada y tampoco llevar a cabo la contratación de servicios en los domicilios de los clientes de forma directa. De esta manera, la técnica llamada ‘puerta a puerta’ queda prohibida para los clientes domésticos, a no ser que el propio consumidor sea el que solicite este servicio.

La práctica, considerada por muchos «agresiva», se despide dejando miles de reclamaciones de usuarios

Además, la norma también establece la obligación de que las compañías ofrezcan toda la información posible sobre la solicitud del bono social eléctrico, una ayuda del Ministerio para la Transición Ecológica, así como de facilitar a sus clientes que puedan acogerse a esta ayuda.

El Gobierno estableció que si las compañías realizan estas técnicas de contratación de la luz «a puerta fría», se enfrentarán a la posible inhabilitación para actuar como comercializadora durante el plazo máximo de un año e, incluso, al traspaso de sus clientes a una comercializadora de referencia.

A pesar de que se haya llevado a cabo esta restricción, las compañías eléctricas sí que pueden realizar la distribución de gas en hogares que no disponen de este servicio, además de seguir realizando el ‘puerta a puerta’ en el sector industrial, pymes y grandes empresas. En estos casos, es necesario explicar in situ qué tipo de instalación se requiere, en función de las características de la vivienda.

El ‘puerta a puerta’ queda prohibido, a no ser que el propio consumidor sea el que solicite este servicio

Según explican fuentes del sector energético, la distribución y la comercialización «son técnicas diferentes». La distribución, a diferencia de la comercialización, consiste en acudir «a hogares específicos para sustituir el carbón o el butano por el gas natural, es un servicio personalizado». En el caso del sector industrial, son las empresas las que «se suelen poner en contacto» con ellos». De hecho, «es mejor para ambas partes que acuda un comercial, porque suelen contratar varios servicios y de esta manera podemos conocer el establecimiento para saber cómo realizar la obra».

En todo el territorio español son más de 500 comercializadoras las que han tenido que reinventarse al retirar el ‘puerta a puerta’ de la estrategia de venta. Ahora estas compañías hacen uso de canales online, redes sociales, multimedia o llamadas telefónicas para que los ciudadanos conozcan las diversas tarifas que ofrecen.

Un millón de quejas

Con esta medida, España, aunque no sea el primero, se pone a la cabeza de otros mercados europeos a este respecto. Ha seguido así la estela de Reino Unido, líder en este tipo de medidas desde hace siete años, y la de Dinamarca, que cuenta con uno de los mercados más avanzados en la liberación de comercialización de gas y electricidad y tampoco permite la captación de clientes a través de la modalidad de ‘puerta fría’.

Desaparece así la estrategia del ‘puerta a puerta’, «una técnica agresiva» que intentaba captar clientes vulnerables. El método, que consiste en que diversos comerciales vayan de casa en casa convenciendo de que sus servicios «son mejores» que los de la competencia, provocó el año pasado, según un informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que más de un millón de consumidores expresasen su descontento por cobros, facturación y contratación de servicios.